El centenar de ciudadanos elegidos al azar a partir de una muestra estratificada -para reflejar la diversidad de la sociedad española- terminará de perfilar sus conclusiones tras un proceso de cinco meses en los que se han informado y debatido virtualmente sobre cómo frenar el calentamiento global que amenaza la calidad y formas de vida en el planeta. 

Una vez aprobadas y matizadas en esta última sesión -la primera vez que los participantes se reúnen de manera presencial-, las propuestas se llevarán al Congreso de los Diputados en junio, cuando se harán públicas oficialmente aunque sin ser vinculantes (sin un efecto político directo).

El borrador, que puede sufrir cambios de aquí a su publicación oficial, contiene 186 medidas con las que la Asamblea Ciudadana considera que se podría hacer frente a la crisis climática, y que se dividen en cinco grupos: consumo; alimentación; comunidades, salud y cuidados; trabajo y ecosistemas.

En consumo, incluyen políticas enmarcadas en el fenómeno de «decrecimiento” -que aboga por un modelo económico más lento y acorde a la capacidad de carga del planeta- como la de crear “bancos de tiempo” para dar “alternativa a ciclos económicos que contribuyen al cambio climático fomentando el intercambio de servicios frente a los monetarios y de consumo”.

También sugieren impulsar “espacios públicos de ocio lúdico-culturales gratuitos sin necesidad de consumo” y, a fin de rebajar el impacto del turismo, «limitar y diversificar la densidad de los destinos turísticos en función del límite de huella ecológica”, por ejemplo, o minimizar los vuelos domésticos en trayectos para los que existen alternativas.

Respecto a los viajes en avión, precisan que se podría regular la oferta y la demanda de vuelos a través de los precios, contar las externalidades en el coste del avión, reducir el número de vuelos, aunque «no prohibir» -matizan-, generar conciencia sobre el coste y la contaminación de volar en avión e incentivar el uso del tren.

En el ámbito de la alimentación, la Asamblea sugiere constituir consejos alimentarios municipales con participación ciudadana, fomentar un cambio hacia la ganadería extensiva agroecológica y acortar las cadenas de suministro para favorecer el consumo de KM0 o de proximidad, entre otras políticas.

Sobre la producción de energía, los asambleístas piden la creación de modelos energéticos -comercializadoras y distribuidoras- de titularidad pública, el impulso a las comunidades energéticas y a la venta de energía de autoconsumo en viviendas mediante una «regulación estatal del precio de venta (precio estable y que no sea susceptible a hacer negocio)», además de establecer bonificaciones fiscales para quienes opten por generar electricidad en sus hogares. 

Fuente: EFEVerde