Un estudio con participación española revela que el cambio climático aumenta la probabilidad de incendios forestales. El trabajo, que incluye análisis de datos de última generación con observaciones por satélite y modelos climáticos, señala que las acciones y políticas humanas desempeñan un papel fundamental en la regulación de los impactos regionales.

El número de días con riesgo extremo de incendios ha aumentado en todo el mundo y, en el caso de la cuenca mediterránea, se ha duplicado en los últimos 40 años, según refleja un estudio internacional en el que ha participado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). La investigadora Cristina Santín, del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (IMIB) de Mieres, señala que el riesgo climático de incendios forestales está en ascenso debido al calentamiento global.

“Cada vez son más frecuentes paisajes secos y calurosos que son más susceptibles a quemarse y, además, con más severidad, lo que incrementa el riesgo de grandes incendios forestales, también llamados megaincendios o incendios de sexta generación”, ha afirmado Santín.

El aumento de temperatura, uno de los culpables

Los modelos climáticos utilizados indican que la frecuencia de las condiciones climáticas propicias para grandes incendios en algunas regiones se desvía ya considerablemente de lo esperado sin calentamiento global. Esto se debe al aumento de temperatura de 1,1 °C inducido por el ser humano. El incremento en el riesgo de incendios se ha producido, además, de forma más rápida que la prevista por los modelos. Los autores destacan, no obstante, que este aumento de riesgo climático de incendios no siempre se está traduciendo en mayor superficie quemada, ya que los seres humanos han reducido la propagación de incendios en algunos paisajes naturalmente propensos a ellos.

Reducir la vegetación, un arma de doble filo

Este desacople, indica el estudio, está también relacionado en algunas regiones con políticas altamente eficaces de supresión de incendios, como en el caso de la cuenca mediterránea. Los incendios forestales ya han aumentado en muchas regiones del mundo y continuarán haciéndolo. Los factores humanos todavía median e incluso revierten los efectos climáticos. Cristina Santín, IMIB

En opinión de la científica, si no se actúa ahora para reducir el calentamiento global por debajo de los 2 °C, el riesgo de incendio “aumentará a niveles nunca vistos en solo un par de décadas”.

Fuente: AgenciaSINC

Los países de la Unión Europea consensuaron hoy una postura común en varios de los expedientes clave del gran paquete legislativo "Fit for 55" para descarbonizar la UE en 2050, lo que permitirá iniciar el próximo otoño la negociación definitiva con el Parlamento Europeo.

"Nadie se hace ilusiones de que esta transición vaya a ser fácil, pero la crisis climática y sus consecuencias son claras, por eso es inevitable ", declaró tras unas 16 horas de negociaciones la ministra para la Transición Energética de Francia, Agnès Pannier-Runacher, en nombre de la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

Reunidos en Luxemburgo, los titulares de Medioambiente de los Veintisiete consensuaron su posición sobre cinco piezas legislativas de los catorce que conforman la gran hoja de ruta para reducir las emisiones de CO2 en 2030 al menos un 55 % respecto a 1990, como senda para alcanzar la neutralidad climática a mitad de siglo.

Los Estados miembros fijaron su posición sobre cómo quieren que sea la reforma del mercado de comercio de emisiones de CO2, el llamado sistema ETS que desde 2005 grava las el dióxido de carbono que liberan unas 11.000 plantas industriales y el sector de la aviación y piedra angular de la política climática comunitaria desde 2005.

Reducir las emisiones encubiertas un 61% en 2030

Las emisiones cubiertas por ese mercado tendrán que reducirse en un 61 % en 2030, según la posición que defienden las capitales, y para lograrlo se irán reduciendo progresivamente los permisos gratuitos de emisión que actualmente pueden usar las industrias para ir adaptando sus tecnologías.

Además, el acuerdo entre los países prevé incluir el transporte marítimo en el ETS, pero con un trato favorable para las islas con menos de 200.000 habitantes, así como para sus aeropuertos y los de las regiones ultraperiféricas.

Las capitales defienden además que ese mecanismo genere un Fondo Social del Clima dotado con 59.000 millones de euros entre 2026 y 2032 para ayudar  en la transición a los más vulnerables, un monto que supone una significativa reducción respecto a los 72.000 millones de la propuesta original de la Comisión Europea que apoya la Eurocámara.

También consensuaron que se replique un mercado similar, conocido como ETS 2, que gravará los edificios y el transporte rodado a partir de 2028, un año después de lo que proponía la Comisión Europea.

Fuente: EFEverde

La región es la cuarta a nivel nacional en producción de energía eléctrica y sexta en generación renovable

La consejera para la Transición Ecológica y la Sostenibilidad, Olga Garcia, ha afirmado que la generación de energía eléctrica en la región ha alcanzado un máximo histórico de 24.672 GWh, es decir, un incremento de un 15,5 por ciento con respecto a 2020,  aumento que “tiene su origen en el crecimiento de un 55,6 por ciento de la generación renovable en 2021 con respecto al año anterior”.

Olga García ha hecho estas declaraciones en Mérida, durante la presentación del balance de energía eléctrica de Extremadura en 2021, “balance con el que ponemos a disposición de la sociedad extremeña toda la información sobre los componentes del sistema energético regional y los grandes cambios que se están produciendo en el mismo”.

Ha afirmado que la generación renovable ha crecido gracias al significativo alza de la producción solar fotovoltaica, que volvió a duplicarse como consecuencia de la puesta en servicio de 1.312 MW adicionales, de forma que el parque fotovoltaico extremeño registró una potencia total de 3.881 MW en 2021.

En este sentido, ha destacado que más de la mitad de la generación renovable en Extremadura (52,7 por ciento) se ha obtenido a partir de instalaciones fotovoltaicas.

Con respecto a la generación eléctrica termosolar, García ha explicado que esta ha crecido un 5 por ciento y por segundo año, que la generación hidroeléctrica,  también aumentó un 48,4%  y se registraron incrementos la producción eólica, un 6,87% y la térmica renovable (biomasa y biogás), un 4,19 por ciento.

“En conjunto, en 2021 la generación de energía eléctrica a partir de renovables fue de 9.375 GWh, es decir, el 38 por ciento de la producción total”, ha comentado la consejera, mientas que la generación no renovable con origen nuclear descendió un 0,36 por ciento debido al régimen normal de operación de la central: mantenimiento, recarga de combustible, etc.

Olga García ha afirmado que la estructura de generación eléctrica en Extremadura muestra que la energía no renovable, principalmente la nuclear, sigue predominando, aportando un 62 por ciento; la fotovoltaica aporta un 20 por ciento; la hidráulica un 8,8 por ciento; la solar termoeléctrica un 7,6 por ciento; la térmica renovable un 1,1 por ciento y la eólica aporta un 0,5 por ciento.

Ha señalado que la producción de energía eléctrica en Extremadura representa el 9,5 por ciento del total del conjunto de España, ocupando el cuarto lugar en el ranking nacional, “subiendo dos posiciones respecto de 2020”.

Asimismo, la generación de energía eléctrica renovable regional es el 7,8 por ciento del total, ocupando el sexto lugar, mientras que en la comparativa de energía eléctrica renovable y demanda, Extremadura ocupa el primer lugar en el ranking nacional.

RED DE TRANSPORTE ELECTRICA

García ha indicado que los objetivos marcados en el Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima “se van cumpliendo en cuanto a transformación energética, poniendo en torno a 1.000 MW nuevos de potencia renovable al año” y ha recordado que “en 2020 fueron 1.494 MW adicionales, en 2021 han sido 1.312 MW”.

Ha señalado que en el primer semestre de este año ya han entrado en operación otros 165 MW de fotovoltaica adicionales hasta los 4.046 que hoy computa Red Eléctrica y ha añadido que a ellos se sumarán muchos de los 1.788 MW que están en construcción actualmente en 42 instalaciones renovables, entre las que se incluye el parque eólico el Merengue II.

Además otros 45 proyectos, con una potencia instalada de 1.108 MW, ya cuentan con las autorizaciones administrativas e irán entrando también en construcción progresivamente.

Según García, gracias al gran trabajo realizado en los tres últimos años “contamos con la mejor planificación de la red de transporte eléctrica hasta 2026”.

Esta planificación es un vector clave de la transición energética, con lo que el despliegue renovable va a tener en los próximos años suficiente cobertura técnica como para facilitar la  integración de energías renovables en el sistema y el apoyo al desarrollo urbanístico e industrial de alto impacto en la región.

La consejera ha asegurado que “los datos confirman que Extremadura mantiene una posición predominante a nivel nacional en el proceso de transición energética” y ha añadido que “esto es gracias a la espectacular transformación de nuestro parque de generación hacia la sostenibilidad”.

En su opinión, esta oferta energética renovable está siendo un estímulo para la atracción e instalación de nuevas industrias verdes de alto valor añadido en Extremadura.

Ha comentado que los beneficios están retornando al territorio, ya que “junto a los más de 900 millones de inversión en 2021 se habrían creado 3.500 empleos y unos 9,2 millones de euros se habrían ingresado en las distintas arcas municipales”. 

El desarrollo renovable está suponiendo, ha asegurado Olga García, una de las mejores palancas que tiene Extremadura para progresar económicamente “y reforzar nuestro compromiso con la sostenibilidad”.

BALANCE

El balance presentado por la consejera señala que la pujanza de generación de energía eléctrica en la región  ha experimentado un incremento del 15,5 por ciento y que la demanda de electricidad ha repuntado por encima de un 2 por ciento, “lo que refleja una clara remontada tras dos años de descenso por la pandemia”.

Ha comentado que la potencia total instalada en la región ha alcanzado un registro máximo histórico de 9.118 MW gracias a la instalación de 1.312 MW fotovoltaicos adicionales y que el 78 por ciento de la potencia total instalada corresponde a plantas de generación renovables.

Según la consejera, Extremadura “en 2021 era la región con la cuota más alta de generación libre de CO2 equivalente, alcanzando el 99,7 por ciento de nuestra estructura de generación” y que el balance eléctrico continúa siendo “netamente positivo y excedentario en un 79 por ciento de nuestra producción”.

Ha añadido que la  generación de energía eléctrica renovable “se supone un 185 por ciento de nuestra demanda” y que solo la energía solar (termosolar y fotovoltaita) producida “supone el 134 por ciento de nuestra demanda”.

DEMANDA

Olga García ha señalado que la recuperación de la actividad, tras los efectos más perjudiciales de la pandemia, ha provocado el aumento de la demanda en Extremadura en un 2,19 por ciento, “ligeramente por debajo del incremento nacional, que fue de un 2,57 por ciento”.

Según ha comentado, durante el 2021 las diferentes olas de la pandemia impidieron  una normalización de la actividad, aunque la evolución tanto del empleo (4,2 por ciento) como del PIB (3,8 por ciento) ”muestran una recuperación tras dos años de retroceso”.

Se sigue constatando, ha afirmado, un desacoplamiento entre la evolución del PIB y la demanda energética que puede responder a algunos efectos estructurales como el cambio en la estructura productiva o la mejora en la eficiencia en eléctrica.

La consejera ha aclarado, que “en 2021 nuestra demanda de electricidad fue de 5.060 GWh, lo que representa el 1,97 por ciento de la demanda nacional y el segundo valor más alto de la serie histórica tras 2018” y ha añadido que la demanda per cápita en el año 2021 se situó en Extremadura en 4,78 MWh/hab.

En cuanto a la electricidad consumida, con datos de las empresas comercializadoras, ha concretado que se ha acercado a los 4,4 millones de MWh, “un incremento interanual del 3,86 por ciento, que abunda en la idea de un mayor dinamismo económico en la región”.

AUTOCONSUMO

La consejera se ha referido al empuje que el autoconsumo está experimentando en la región y ha explicado que el pasado año se pusieron en servicio 1.183 nuevos autoconsumos con una potencia instalada de 11 MW. De ellas 1.007 son instalaciones particulares, 132 fueron de empresas y 44 de otras entidades.

Ha afirmado que esta evolución positiva, “con incrementos de más del 200 por ciento interanuales” se ha acelerado considerablemente y ha dicho que “n lo que llevamos de año, se han autorizado1.618 instalaciones con una potencia instalada adicional de 17 MW”.

Los datos globales muestran 3.365 instalaciones para una potencia instalada de 44,6 MW, quedando patente el ascenso de este sistema de generación.

Fuente: Juntaex

Los países de la Unión Europea apoyaron este martes que a partir de 2035 no se puedan vender en la UE coches y furgonetas nuevos de diésel y gasolina, si bien se explorará la posibilidad de que se puedan matricular motores de combustión impulsados por combustibles sintéticos de cero emisiones. La fecha de 2035, pese a no ser aún oficial, se alinea con la que defienden el Parlamento y la Comisión Europea con quienes los países tendrán que negociar la normativa definitiva, por lo que virtualmente será la fecha en la que se eliminen las ventas de coches y furgonetas nuevas que emitan CO2.

2035: sólo combustibles sintéticos de cero emisiones contaminantes

No obstante, y ante la presión de Alemania, el primer fabricante y mayor mercado automovilístico de la UE, con el apoyo de Italia, la Comisión preparará una propuesta para que a partir de 2035 se puedan matricular aún vehículos que utilicen combustibles sintéticos de cero emisiones contaminantes.

Existirá la "posibilidad de matricular vehículos con motores de combustión si y sólo si sus emisiones son nulas", subrayó la ministra para la Transición Energética de Francia, Agnès Pannier-Runacher, en nombre de la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

El vicepresidente de la Comisión Europea para el Pacto Verde, Frans Timmermans, dijo en rueda de prensa que los combustibles sintéticos de cero emisiones "hasta hora no parecen muy realistas porque parecen prohibitivos en términos de costes".

Pero si los fabricantes automovilísticos consiguen que esos combustibles sean comercialmente viables, la Comisión "tendrá la mente abierta".

El Consejo de la UE, que representa a los Estados miembros, quiere una senda de reducción de emisiones del para 2030 del 55 % para los automóviles y del 50 % para las furgonetas, para llegar a los vehículos de cero emisiones en 2035.

La Eurocámara fijó a inicios de mes su posición de cara a la negociación final, con una senda de reducción del 15 % en 2025 en relación con 2021, para pasar al 55 % en 2030 y al 100 % en 2035.

Híbridos enchufables, revision en 2026

Los países acordaron que en 2026 la Comisión Europea examine los progresos realizados y los objetivos en función de los avances tecnológicos que se produzcan, con el foco en los vehículos híbridos enchufables.

"Algunos fabricantes mantienen que los híbridos podrán llegar a lo que se necesita. Por ahora no lo hacen, pero si lo llegaran a hacer, lo reevaluaremos en 2026", dijo Timmermans, quien subrayó que "la mayoría de los fabricantes en el mundo, no sólo en Europa, han optado por las baterías eléctricas".

Se espera que la negociación final con el Parlamento Europeo arranque en el segundo semestre del año, bajo presidencia de turno de la República Checa, país donde nació la marca automovilística Skoda.

En 2021, el 19,6 % de los coches nuevos vendidos en la UE fueron eléctricos, incluyendo los híbridos enchufables, frente al 11,9 % en 2020, según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA).

Fuente: EFEverde

"Una intolerable marea de personas se ve obligada a moverse a consecuencia del cambio climático", afirmó Fry, quien recordó que en 2021 los desplazados internos en el mundo ascendieron a 59 millones por distintas causas, aunque la principal fue el calentamiento global y sus efectos.

Aún sin protección legal 

El relator subrayó que estos desplazados aún no tienen la protección legal que confieren mecanismos como la Convención de las Naciones Unidas para los Refugiados, una "brecha legal" que debe ser atendida por la comunidad internacional.

Según el último informe de las ONG Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC) y el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), el pasado año hubo 23,7 millones de desplazamientos por estos desastres (especialmente tormentas, ciclones e inundaciones).

En muchos casos se trató de evacuaciones preventivas en las que los afectados pudieron regresar más tarde a sus hogares, si estos no quedaron destruidos por la catástrofe natural.

Más de la mitad de los desplazamientos causados por desastres naturales (57 %) se dieron en la región Asia-Pacífico, según el estudio, donde también se subraya que en muchos países conflictos y desastres se solaparon, como ocurrió en Somalia, Sudán del Sur, Mozambique o Birmania (Myanmar).

El cargo de relator para derechos humanos y cambio climático fue creado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en octubre de 2021, y su primer responsable, de nacionalidad australiana, fue designado en marzo.

Experto en derecho internacional del medio ambiente

Fry, que intervino por primera vez ante el citado consejo este jueves, es experto en derecho internacional del medio ambiente y durante más de 20 años ha colaborado con el gobierno del archipiélago pacífico de Tuvalu, uno de los países más afectados por el cambio climático, ya que su misma existencia futura está en juego debido al aumento de los niveles de los océanos por el calentamiento global.

"El cambio climático está afectando al derecho a vivienda, al alimento, a la misma vida", resumió Fry en su comparecencia, en la que también pidió atención para los trabajadores del sector de las energías fósiles, con el fin de que sus modos de vida se puedan adaptar a la transición a energías alternativas. .

Fuente: EFEverde

La Eurocámara sometió a votación, por segunda vez, la primera tanda de esos textos, que los eurodiputados aún tienen que negociar con la Comisión Europea (artífice de la propuesta) y con el Consejo de la UE (que representa a los Estados miembros).

Finalmente, los eurodiputados acordaron defender que el Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM) cubra las emisiones de las industrias del hidrógeno, los polímeros y los químicos orgánicos, además del CO2 emitido por los sectores que proponía la Comisión (hierro y acero, refinerías, cemento, químicos orgánicos básicos y fertilizantes). Los permisos de emisión en esos sectores irán desapareciendo del mercado de comercio de emisiones, el llamado sistema ETS, que grava a las industrias comunitarias entre 2027 y 2032, para ser coherente con el CBAM. Es decir, los permisos gratuitos de emisiones de CO2 desaparecerían más tarde de lo que querían los diputados más ecologistas pero antes de lo que pedían quienes solicitaban más tiempo de adaptación para las industrias.

El texto sobre la reforma del mercado de comercio de emisiones fue finalmente aprobado este miércoles por 439 a favor, 157 en contra y 32 abstenciones, mientras que la del CBAM prosperó por 450 a favor, 115 en contra y 55 abstenciones. En cuanto al ETS 2, una réplica para transporte por carretera y climatización de edificios, el Parlamento defiende que se aplique a partir de 2025, pero que no se aplique a vehículos y edificios privados al menos hasta 2029, pues se teme que pueda repercutir especialmente en las facturas de la calefacción o la gasolina de los hogares más humildes.

El Consejo, que representa a los países de la UE, tiene previsto fijar su posición el próximo martes en el consejo de ministros de Medioambiente que se celebrará en Luxemburgo. e ser así, la negociación final entre Consejo, Comisión y Parlamento para aprobar los primeros puntos de la radical transformación climática de la UE podrá arrancar en la segunda mitad del año.

Acuerdo tras el tropiezo inicial 

Inicialmente, el Parlamento tendría que haberse pronunciado el pasado 8 de junio sobre ocho de las catorce propuestas del «Fit for 55», nombre que engloba el conjunto de modificaciones legales para reducir al menos un 55 % las emisiones de CO2 en 2030 respecto a 1990 y alcanzar la neutralidad climática en 2050. Pero una enmienda introducida a última hora por el Partido Popular Europeo (PPE), apoyada por liberales y euroescépticos, llevó a socialdemócratas y Verdes a votar contra el texto en su integridad y tumbar la posición conjunta del Parlamento Europeo, contra la que también votaron la extrema derecha y la izquierda. El punto de discordia fue la futura reforma del mercado de comercio de emisiones, el llamado sistema ETS que pone precio al dióxido de carbono emitido por unas 11.000 plantas industriales de consumo energético intensivo y que desde 2005 es la piedra angular de la política climática de la UE.

En la comisión parlamentaria de Medioambiente se había consensuado un texto para someter al pleno, que suele respetarse, pero el PPE consideró que esa comisión no representaba equilibradamente el sentir del hemiciclo e introdujo una serie de enmiendas que generaron gran revuelo en el hemiciclo y tumbaron el texto sobre el ETS para renegociarlo. Esto arrastró a otras dos iniciativas íntimamente relacionadas, el ETS 2 para gravar las emisiones del transporte rodado y el sector de los edificios, el Fondo Social del Clima para ayudar a los más vulnerables y el CBAM para proteger a ciertas industrias europeas de estándares medioambientales más bajos en terceros países. El sistema ETS contempla una serie de permisos que eximen a las industrias de pagar por las toneladas de dióxido de carbono emitidas para que tengan tiempo para invertir en tecnologías limpias mientras mantienen su competitividad, exenciones que deberán ir desapareciendo gradualmente.

El texto consensuado preveía acabar con esos permisos en 2030, pero la nueva enmienda empujaba esa fecha hasta 2034. Esto suponía, además, un problema para el CBAM, una novedosa herramienta al filo del proteccionismo climático que entraría en funcionamiento en 2025 para evitar que industrias de terceros países tengan ventajas sobre las europeas en el mercado comunitario, pues se exigiría más a compañías foráneas que a las locales.

Fuente: EFEverde

La consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, ha asistido este martes en Mérida al Seminario sobre las plantas de biometano en Extremadura y su potencial para la valorización del residuo agrícola y vector de descarbonización. La Asociación Española del Gas, SEDIGAS, ha organizado este seminario cuya apertura ha corrido a cargo de su presidente, Joan Batalla.

Durante su intervención, la consejera ha recordado que en Extremadura se ha llevado a cabo una planificación rigurosa de la transición energética en la presente década hacia una economía climáticamente neutra y con una completa generación energética renovable. Olga García ha explicado que el Plan Regional va más allá del aprovechamiento solar, ya que  “tenemos abierto un abanico completo de impulso para otras energías renovables, por ejemplo, los gases renovables como el hidrógeno, el biogás o el biometano que tienen el valor diferencial de ser gases almacenables y versátiles”.

Ha subrayado que “el biometano tiene un gran futuro en Extremadura pues está totalmente alineado con las políticas europeas y extremeñas centradas en la economía circular, la valorización de residuos, la descarbonización de la economía y el desarrollo rural”.

Según la consejera, en Extremadura existe la necesidad de descarbonizar el sector primario y valorizar los residuos generados en el mismo. “El biometano puede suponer, además, un vector de desarrollo frente al reto demográfico, ya que, dado el relevante papel del sector agrícola y ganadero en la producción, la instalación de plantas generadoras de biometano en zonas rurales crearía una fuente de empleo adicional, siendo un foco de atracción poblacional”.

También ha resaltado que la reciente aprobación de un sistema de garantías de origen de los gases renovables que acredita la utilización de fuentes renovables en la producción de los mismos, aportará un valor añadido a la hora de comercializarlo que fomentará su consumo, con el consiguiente beneficio ambiental.

En cualquier caso, la consejera ha destacado que el desarrollo de los gases renovables en la región supone un gran reto para el que es necesaria la colaboración público-privada. Por ello, ha concluido animando a todos los agentes involucrados en la cadena de valor a que colaboren encaminando sus pasos hacia el despliegue del biometano en Extremadura, que ha considerado factible ya que se dispone de los medios tecnológicos necesarios para su producción y comercialización.

Fuente: Juntaex

Diez países de la Unión Europea (UE) han instado este  miércoles «a todos los responsables de la toma de decisiones de la UE» a que no dejen que la situación actual del continente por la guerra de Ucrania eclipse los compromisos climáticos marcados para Europa.

De acuerdo con el documento titulado ‘Radiografía de las divisiones y consensos de la sociedad española en torno al cambio climático’, una encuesta «pionera» según esta entidad, el cambio climático «para muchos, debería ser una prioridad» ya que es uno de los tres problemas más importantes para la cuarta parte de la ciudadanía.

Desde un enfoque sociodemográfico, las personas que prestan mayor importancia al cambio climático son mujeres, menores de 35 años, con un alto nivel educativo y habitantes de municipios pequeños -de menos de 50.000 habitantes-.

Para un 24 %, la implicación de España en la lucha contra este desafío «debería ser completa», con una posición media de 7,4, si bien «las posiciones moderadas son las más frecuentes» a la hora de preguntar hasta qué punto se está dispuesto a renunciar a libertades individuales a la hora de enfrentarlo.

Las personas que dicen estar más dispuestos a renunciar a sus libertades individuales son las de las clases acomodadas (un 49 %), menores de 35 años (50 %), mujeres (41 %) y habitantes de grandes ciudades (41 %).

En abstracto, una mayoría relativa de españoles asegura estar a favor de exigir más impuestos a empresas o individuos para luchar contra el cambio climático pero a la hora de precisar cuáles la mayoría «mucho más clara y escorada hacia posiciones a la contra» se niega a aumentar los impuestos al consumo de carne (68,5 %), la gasolina (64 %) o la matriculación de vehículos grandes (43 %).

También se opone a prohibir los vehículos diesel (55 %) si bien dice apoyar las ayudas destinadas a la compra de coches híbridos (69 %) y los autobuses híbridos (70,2 %).

Respecto a la producción y el consumo de carne, aunque la mayoría no apoya la subida de tasas a su producción y se niega a prohibir la compra de carne no ecológica (49 %), sí está a favor de apoyar a los ganaderos con granjas sostenibles (67,2 %) y otorgar subvenciones a este tipo de carne (68,5 % ).

Además, los españoles tienen un «grado de afecto» de 27,5 % hacia «las personas que no creen en el cambio climático» y del 60,1 % hacia las que luchan contra este problema.

El del cambio climático no es, en todo caso, la mayor inquietud de los ciudadanos según el informe de EsadeEcPol ya que por encima quedan el funcionamiento de los servicios públicos (9,4), la corrupción y el fraude (9,1), la violencia de género (8,8), el paro (8,7) y la inflación (8,5).

Por debajo, figuran la inmigración ilegal (7,6), la seguridad y defensa de España (7,4), la baja confianza en los partidos políticos (7,3), la España vaciada (7) o la posible independencia de Cataluña (4,7).

Fuente: EFEverde