Los países de la Unión Europea consensuaron hoy una postura común en varios de los expedientes clave del gran paquete legislativo "Fit for 55" para descarbonizar la UE en 2050, lo que permitirá iniciar el próximo otoño la negociación definitiva con el Parlamento Europeo.

"Nadie se hace ilusiones de que esta transición vaya a ser fácil, pero la crisis climática y sus consecuencias son claras, por eso es inevitable ", declaró tras unas 16 horas de negociaciones la ministra para la Transición Energética de Francia, Agnès Pannier-Runacher, en nombre de la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

Reunidos en Luxemburgo, los titulares de Medioambiente de los Veintisiete consensuaron su posición sobre cinco piezas legislativas de los catorce que conforman la gran hoja de ruta para reducir las emisiones de CO2 en 2030 al menos un 55 % respecto a 1990, como senda para alcanzar la neutralidad climática a mitad de siglo.

Los Estados miembros fijaron su posición sobre cómo quieren que sea la reforma del mercado de comercio de emisiones de CO2, el llamado sistema ETS que desde 2005 grava las el dióxido de carbono que liberan unas 11.000 plantas industriales y el sector de la aviación y piedra angular de la política climática comunitaria desde 2005.

Reducir las emisiones encubiertas un 61% en 2030

Las emisiones cubiertas por ese mercado tendrán que reducirse en un 61 % en 2030, según la posición que defienden las capitales, y para lograrlo se irán reduciendo progresivamente los permisos gratuitos de emisión que actualmente pueden usar las industrias para ir adaptando sus tecnologías.

Además, el acuerdo entre los países prevé incluir el transporte marítimo en el ETS, pero con un trato favorable para las islas con menos de 200.000 habitantes, así como para sus aeropuertos y los de las regiones ultraperiféricas.

Las capitales defienden además que ese mecanismo genere un Fondo Social del Clima dotado con 59.000 millones de euros entre 2026 y 2032 para ayudar  en la transición a los más vulnerables, un monto que supone una significativa reducción respecto a los 72.000 millones de la propuesta original de la Comisión Europea que apoya la Eurocámara.

También consensuaron que se replique un mercado similar, conocido como ETS 2, que gravará los edificios y el transporte rodado a partir de 2028, un año después de lo que proponía la Comisión Europea.

Fuente: EFEverde

La Eurocámara sometió a votación, por segunda vez, la primera tanda de esos textos, que los eurodiputados aún tienen que negociar con la Comisión Europea (artífice de la propuesta) y con el Consejo de la UE (que representa a los Estados miembros).

Finalmente, los eurodiputados acordaron defender que el Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM) cubra las emisiones de las industrias del hidrógeno, los polímeros y los químicos orgánicos, además del CO2 emitido por los sectores que proponía la Comisión (hierro y acero, refinerías, cemento, químicos orgánicos básicos y fertilizantes). Los permisos de emisión en esos sectores irán desapareciendo del mercado de comercio de emisiones, el llamado sistema ETS, que grava a las industrias comunitarias entre 2027 y 2032, para ser coherente con el CBAM. Es decir, los permisos gratuitos de emisiones de CO2 desaparecerían más tarde de lo que querían los diputados más ecologistas pero antes de lo que pedían quienes solicitaban más tiempo de adaptación para las industrias.

El texto sobre la reforma del mercado de comercio de emisiones fue finalmente aprobado este miércoles por 439 a favor, 157 en contra y 32 abstenciones, mientras que la del CBAM prosperó por 450 a favor, 115 en contra y 55 abstenciones. En cuanto al ETS 2, una réplica para transporte por carretera y climatización de edificios, el Parlamento defiende que se aplique a partir de 2025, pero que no se aplique a vehículos y edificios privados al menos hasta 2029, pues se teme que pueda repercutir especialmente en las facturas de la calefacción o la gasolina de los hogares más humildes.

El Consejo, que representa a los países de la UE, tiene previsto fijar su posición el próximo martes en el consejo de ministros de Medioambiente que se celebrará en Luxemburgo. e ser así, la negociación final entre Consejo, Comisión y Parlamento para aprobar los primeros puntos de la radical transformación climática de la UE podrá arrancar en la segunda mitad del año.

Acuerdo tras el tropiezo inicial 

Inicialmente, el Parlamento tendría que haberse pronunciado el pasado 8 de junio sobre ocho de las catorce propuestas del «Fit for 55», nombre que engloba el conjunto de modificaciones legales para reducir al menos un 55 % las emisiones de CO2 en 2030 respecto a 1990 y alcanzar la neutralidad climática en 2050. Pero una enmienda introducida a última hora por el Partido Popular Europeo (PPE), apoyada por liberales y euroescépticos, llevó a socialdemócratas y Verdes a votar contra el texto en su integridad y tumbar la posición conjunta del Parlamento Europeo, contra la que también votaron la extrema derecha y la izquierda. El punto de discordia fue la futura reforma del mercado de comercio de emisiones, el llamado sistema ETS que pone precio al dióxido de carbono emitido por unas 11.000 plantas industriales de consumo energético intensivo y que desde 2005 es la piedra angular de la política climática de la UE.

En la comisión parlamentaria de Medioambiente se había consensuado un texto para someter al pleno, que suele respetarse, pero el PPE consideró que esa comisión no representaba equilibradamente el sentir del hemiciclo e introdujo una serie de enmiendas que generaron gran revuelo en el hemiciclo y tumbaron el texto sobre el ETS para renegociarlo. Esto arrastró a otras dos iniciativas íntimamente relacionadas, el ETS 2 para gravar las emisiones del transporte rodado y el sector de los edificios, el Fondo Social del Clima para ayudar a los más vulnerables y el CBAM para proteger a ciertas industrias europeas de estándares medioambientales más bajos en terceros países. El sistema ETS contempla una serie de permisos que eximen a las industrias de pagar por las toneladas de dióxido de carbono emitidas para que tengan tiempo para invertir en tecnologías limpias mientras mantienen su competitividad, exenciones que deberán ir desapareciendo gradualmente.

El texto consensuado preveía acabar con esos permisos en 2030, pero la nueva enmienda empujaba esa fecha hasta 2034. Esto suponía, además, un problema para el CBAM, una novedosa herramienta al filo del proteccionismo climático que entraría en funcionamiento en 2025 para evitar que industrias de terceros países tengan ventajas sobre las europeas en el mercado comunitario, pues se exigiría más a compañías foráneas que a las locales.

Fuente: EFEverde